El Comité de representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura animó este jueves al resto de comunidades autónomas a seguir el ejemplo extremeño y obligar a todas sus gasolineras a tener al menos un empleado que atienda a los clientes, tal como sucede desde hace días en esta región. Aquellos establecimientos que incumplan la nueva norma podrán ser multados con hasta 15.000 euros.

En nota de prensa, Cermi Extremadura aplaudió la decisión adoptada en mayo por la asamblea regional tras una comparecencia de esta entidad, donde sus responsables expusieron dicha petición.

“Se trata de un ejemplo de buenas prácticas que debe llevarse a cabo en todas las comunidades autónomas”, subrayó la plataforma.

A su juicio, “el no contar con personal en todas las gasolineras limita el derecho de libertad de movimiento de las personas con discapacidad, que no pueden repostar en igualdad de condiciones que el resto de conductores”.

Según indicó, esta acción legislativa cubre una de las demandas de las “personas con mayores necesidades de accesibilidad”, tal y como recoge la ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura.

Además, dicha normativa obliga a que se garantice la accesibilidad de bienes y servicios a disposición del público, mientras que la Ley general de las personas con Discapacidad impone que se salvaguarde la igualdad de oportunidades, la promoción de la autonomía personal y el derecho a la vida independiente.