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La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó este martes con 19 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, una proposición no de ley (PNL) sobre financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del Grupo Socialista que reclama al Gobierno incrementar los recursos económicos que destina al mismo.

En 2016 se cumplieron 10 años desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. En defensa de esta PNL, la diputada socialista Elvira Ramón aseguró que “las leyes están para cumplirse pero 10 años después de la aprobación de esta ley, el partido del Gobierno ha debilitado el sistema de la dependencia con sus reformas y recortes presupuestarios”.

Además, afirmó que “en diciembre de 2011 paralizaron el calendario de aplicación de la ley. Posteriormente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en la ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017”.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno destacaron “la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; el recorte del 15% en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la eliminación de las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales a cargo del Sistema y la introducción de un régimen de incompatibilidad de las prestaciones”, añadió.

Otros datos ofrecidos por la diputada socialista se refirieron a que mientras ha caído la aportación finalista de la Administración General del Estado, se ha incrementado de forma sustancial la de las comunidades Autónomas y el copago de los usuarios. “Hoy en día existe una lista de espera con cerca de 300.000 personas, a pesar de que el calendario del sistema se encuentra totalmente implantado desde julio de 2015. Más de 180.000 cuidadoras, casi todas mujeres, que se ocupaban de atender a sus familiares en situación de dependencia, vieron eliminado su derecho a cotizar a la Seguridad Social. Y mientras las personas atendidas cuentan con menos y peores servicios y prestaciones claramente insuficientes”.

A excepción del Partido Popular, el resto de los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en ser críticos con la falta de financiación. En este sentido, el diputado de Ciudadanos Fernando Navarro subrayó que “España está por debajo de la media de países de la OCDE en atención de personas mayores, por lo que hay que apostar por una financiación finalista porque no tiene sentido la falta de equidad entre las comunidades autónomas”.

La mayoría de los diputados estuvieron de acuerdo en dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los recursos necesarios mediante una financiación finalista. Además, pidieron que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incremente la dotación del nivel mínimo hasta el importe necesario para el adecuado funcionamiento del sistema, acompañado del aumento de las cuantías mensuales que abona la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona atendida.

En esta proposición no de ley también se solicita la dotación de la partida presupuestaria necesaria para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales del sistema.