El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha solicitado información a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid sobre las medidas programadas para mejorar la situación de las residencias de ancianos públicas de gestión privada, al tiempo que investiga la supuesta desatención a un mayor en la Residencia Mirasierra.

En concreto, la Defensoría quiere conocer los estudios, planes y medidas previstos para garantizar una atención de calidad a los mayores en las residencias de gestión privada y en las residencias con concierto de plazas, según informa en un comunicado.

El Defensor del Pueblo también mantiene abiertas varias actuaciones con esta consejería sobre las condiciones de atención a los mayores en las residencias públicas, dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social. En este sentido, la Consejería ha informado a la Institución sobre la aprobación del Plan de Residencias 2017–2020, que contempla un aumento de plantilla en estos centros y otras mejoras en la asistencia a las personas mayores usuarios de las residencias.

El Defensor del Pueblo valora positivamente el plan, pero quiere conocer en detalle el calendario para su aplicación.

INSPECCIONES

Por otra parte, la entidad ha iniciado una actuación de oficio con la citada Consejería tras conocer un posible caso de atención inadecuada a un anciano en la Residencia Mirasierra. Así, ha solicitado información sobre las actuaciones realizadas para contrastar los hechos denunciados por los familiares y comprobar la alimentación y controles que se realizan a cada usuario. También quiere conocer las visitas e inspecciones realizadas a la Residencia Mirasierra, su plantilla teórica y efectiva, así como su distribución por categorías y turnos.

La institución se ha interesado asimismo por la situación de la solicitud de traslado de este anciano junto a su esposa que está en otra residencia de la Comunidad.

Recientemente, el Defensor ha recomendado a la Consejería madrileña que cuando se vaya a producir un cambio en la residencia asignada se informe con la suficiente anterioridad al interesado y se le facilite por escrito toda la información necesaria sobre las causas que motivan este cambio y las alternativas de atención disponibles.

Al Defensor del Pueblo le preocupa especialmente la situación de las personas mayores y advierte que la edad de la población y la aplicación de la Ley de Dependencia obligan a atender en los recursos residenciales existentes a una población que requiere cada día más apoyos y cuidados. Por ello, considera urgente que los centros y su personal se adapten a las nuevas necesidades estructurales y de carga de trabajo.