Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE defenderán un aumento en los niveles mínimos garantizados para la financiación del Sistema de la Dependencia recogidos en el proyecto de real decreto que este jueves se debate en la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra del ramo, Dolors Montserrat.

Según dicho texto, el Gobierno plantea una subida del Nivel Mínimo Garantizado de 17,66 euros mensuales para los dependientes de Grado III, que pasarían de 177,86 a 195,52 euros al mes; de 2,87 euros al mes para los dependientes de Grado II, que subirían de 82,84 a 85,71 euros mensuales, y de 10,78 euros para los dependientes moderados, que pasarían de 44,33 a 55,11 euros al mes. El incremento medio sería de 10,4 euros al mes.

“Pediremos que se eleven los niveles mínimos y que (el real decreto) tenga carácter retroactivo al 1 de enero de 2017 por lo menos”, indicó José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, en nombre de las comunidades gobernadas por el PSOE.

En el encuentro se presentó también el informe de la Comisión para el Análisis de la situación actual del Sistema de la Dependencia, de su Sostenibilidad y de los actuales mecanismos de Financiación, a fin de evaluar su adecuación a las necesidades asociadas al sistema.

Para Vergeles, se trata de “un informe valiente, que pone de manifiesto el estrangulamiento financiero y normativo” a la Ley de la Dependencia por parte del Gobierno central.

“Está hecho el diagnóstico, están vistos los errores, y ahora queda por ver qué tratamiento aplicará el Estado, al que le toca mover ficha”, añadió.

En su opinión, el Gobierno debe por un lado incrementar el nivel mínimo de financiación y, por otro, asegurar que su aportación al sistema supone el 50%, como preveía la ley.

En la actualidad, las comunidades autónomas asumen el 80% de la financiación de la dependencia, afirmó, y añadió que esto ha provocado “un déficit acumulado de 3.000 millones y una lista de espera de 300.000 personas en todo el Estado”.