El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, aseguró que «la esterilización de mujeres con discapacidad es un hecho injustificable desde la perspectiva de derechos humanos», y «deleznable e inadmisible a la luz de este tratado».
Martín, en una entrevista en Servimedia tras ser nombrado delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hizo hincapié en que la esterilización de las mujeres con discapacidad «es una forma de violencia contra las mujeres» e hizo hincapié en que «hay que exigir que se cumpla el derecho a decidir sobre la propia vida, la sexualidad, la maternidad, sin que nadie pueda decidir sin un consentimiento informado sobre la esfera más íntima de la integridad de una persona».
A su juicio, se trata de «una cuestión que responde casi a mandatos de la Edad Media o países remotos no democráticos y con vulneraciones sistemáticas de derechos».
En este sentido, argumentó que «cuando en esta sociedad comprendamos que las niñas y mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas, estaremos concediéndole el derecho a ser ellas mismas».
Al respecto del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, Martín reivindicó que la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, hizo «un trabajo de pedagogía y de hacerle entender a los legisladores y actores de poder que la mujer con discapacidad es un colectivo más vulnerable ante la violencia de género».
Asimismo, explicó que «esta violencia machista estructural que hay en nuestro sistema produce discapacidades a las mujeres» y declaró que «tenemos que ser capaces de revertir esta violencia estructural contra las mujeres».
Por último, reclamó que «el Gobierno debe ser capaz de empezar a incluir dentro de sus informes y de sus estadísticas la variable de discapacidad», puesto que «es una labor del Gobierno ver que dentro de este colectivo, dentro de la diversidad que es la mujer hay un colectivo de mujeres con discapacidad que están silenciadas y que son más vulnerables y a las que hay que atender con recursos específicos y recursos accesibles para que puedan denunciar en igualdad de condiciones».
