La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) denunció este jueves que los servicios especializados en violencia de género siguen sin ser completamente accesibles, como establece la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que fijó como límite legal el próximo 4 de diciembre para que se eliminen todo tipo de barreras de edificios y servicios públicos.
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, Cemudis hizo hincapié en un comunicado en la situación de violencia que siguen viviendo las mujeres y niñas con discapacidad y pidió que se dote presupuestariamente al Ministerio del Interior para garantizar la accesibilidad de los recursos especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, reclamó que «se doten suficientemente las partidas presupuestarias, especialmente en las comunidades autónomas, y recursos de proximidad para mejorar la atención a las víctimas, prestando especial atención a la accesibilidad de los recursos sanitarios y sociales especializados de violencia de género».
En la misma línea, defendió la necesidad de que se realice «un análisis sobre la accesibilidad de los recursos existentes para mujeres víctimas de violencia que permita conocer el grado de adecuación de los mismos», así como que se promuevan «subvenciones para la eliminación de barreras en los recursos especializados de violencia, tanto a nivel local como autonómico y estatal».
Por otro lado, la confederación pidió que se garanticen «protocolos de actuación y detección de violencia a las mujeres con discapacidad dirigidos a los profesionales» y se impulsen «grupos de trabajo dirigidos a las mujeres con discapacidad encaminados a reconocer las diferentes formas de violencia y los recursos existentes para erradicarla».
Por último, dedicó un «emotivo recuerdo» a las 44 mujeres y a los seis menores asesinados este año en España por violencia de género y a los 23 menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
